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La AMIIF se suma al esfuerzo por lograr el acceso universal a salud sexual y reproductiva como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En México, 4 de cada 10 mujeres de entre 15 y 19 años recibe información incompleta o no recibe ningún tipo de orientación al momento de adoptar algún método anticonceptivo, de acuerdo el Consejo Nacional de Población (Conapo).[1]
Del total de mujeres en este rango de edad, 58.7% accede a estos métodos en instituciones públicas de salud —Secretaría de Salud, IMSS, Seguro Popular e ISSSTE, entre otros—, mientras que 37.9% lo hace en farmacias o tiendas de autoservicio.[2]
Respecto de las mujeres que acudieron a una farmacia, señala el Conapo, “seguramente no contaron con ningún tipo de asesoría sobre la forma de uso, lo cual las expuso a utilizar el anticonceptivo de manera inadecuada y, por ende, a posibles embarazos no deseados”.[3]
En cuanto a la problemática de quienes recurren a instituciones públicas de salud, el organismo advierte que es necesario capacitar a los prestadores de servicios a fin de que ofrezcan mayor y mejor información sobre el uso correcto de los diferentes métodos de acuerdo con las necesidades de los adolescentes, en un ambiente de calidez que genere confianza.[4]
De acuerdo con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), se ha observado que en los jóvenes aumenta la demanda de los servicios de salud sexual y reproductiva cuando el personal que brinda la atención está capacitado, evita juicios y es amigable; las instalaciones donde se brinda la atención son acogedoras y atractivas, y se les comunica la disponibilidad de los servicios y se le motiva a usarlos cuando sea necesario.[5]
En materia de efectividad, detalla la ENAPEA, los métodos con menor probabilidad de falla son los anticonceptivos reversibles de acción prolongada (ARAP), como los inyectables, los dispositivos y sistemas intrauterinos y los implantes. No obstante, en la práctica, “barreras, principalmente médico-institucionales, han reducido el acceso de las y los adolescentes a los métodos más efectivos, especialmente de las personas que no están casadas o unidas”.[6]
En México, la mayoría de las adolescentes que usan un método ARAP lo obtienen en un contexto de postparto o postaborto, a pesar de que la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, de los Servicios de Planificación Familiar, y las principales asociaciones gineco-obstétricas del mundo, los incluyen entre las opciones de primera línea para las mujeres que estén por iniciar o hayan iniciado actividad sexual, y de que está demostrado que su provisión gratuita es muy eficiente en cosos para el sistema público de salud.[7]
En el marco del Día Mundial de la Población y a 50 años del reconocimiento de la planificación familiar como derecho humano[8], la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) se suma al llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para lograr el acceso universal a la salud sexual y al ejercicio efectivo de los derechos reproductivos, como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.[9]
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